Eileen Sosin Martínez • 26 de Junio, 2017
LA HABANA. Hace años Julio decidió “armarse un cacharrito”. Esto es: comprar un monitor aquí, la torre por allá, el teclado en no sé dónde… así hasta tener la computadora completa. De la misma manera que ha renovado cada parte, con el tiempo también cambió el sistema operativo, desde aquel sencillo Windows XP, hasta hoy, cuando su máquina funciona con Windows 10.
A Julio nunca le ha preocupado el “detalle” de que está usando programas crackeados. Claro, sabe que en cualquier lugar del mundo eso sería ilegal, pero aquí es lo más común. Además, aunque quisiera, el bloqueo impide pagar lo que se debe.
Si bien ahora el diálogo entre Cuba y Estados Unidos toma un rumbo incierto, el derecho de autor en materia de informática y tecnologías constituye uno de los temas que engrosan la agenda bilateral.
Como parte de este escenario, una de las ideas quizás más generalizadas prevé un vendaval de demandas contra todos los usuarios comunes e instituciones que utilicen software propietario sin haberlo comprado.
En cambio, Jorge Luis Batista (alias pb), organizador de la Conferencia Internacional de Tecnologías Libres CubaConf, descarta esta perspectiva tremendista. “Esa ola no va a ocurrir; eso es un mito”, afirma. Los beneficios —el “por dónde le entra el agua al coco”— pueden darse de diferentes maneras. Por ejemplo, convenios al estilo Google-Kcho MOR, pero en mayor escala, tal vez más parecidos a la colaboración entre Cisco y la UCI.
“No van a venir a cobrar, sino a regalar —comenta pb—. Como que un día llegue Microsoft y permita que toda la Universidad de La Habana utilice Windows. O sea, en el mundo de la tecnología no conviene crear escaseces, al contrario, necesitan que tú uses para generar capital más adelante”.
Y “más adelante” significa millones de usuarios —conectados, ojo— que debutan como público meta para publicidad y ofertas comerciales. La información acerca de lo que más consumimos, nuestros gustos, intereses, comportamientos… vale dinero. De hecho, Facebook, Twitter y otras grandes compañías se dedican a utilizar y vender esos datos.
Aun así, en una situación “normal”, las llaves, licencias y actualizaciones estaría en nuestra lista de compra, porque son servicios. Por otro lado, las instituciones sí tendrían que pagar licencias de uso. O cambiar a software libre, como los tribunales de Las Tunas, que desde 2015 emplean Ubuntu, una plataforma de código abierto. “Lo hicimos porque somos los tribunales, no podemos incumplir las leyes de propiedad intelectual”, alegó David Alejandro Rivas, administrador de redes de la institución.
Salvo algunas otras entidades como la Aduana, la inmensa mayoría de los espacios oficiales emplean software propietario. En las universidades cubanas, incluyendo aquellas que forman a los informáticos, se enseña Windows, al igual que en los Joven Club.
“Migrar a software libre implica que todos los servicios públicos operen sobre estas plataformas”, explica Jorge Luis Batista. En muchos países las administraciones públicas están migrando, porque, como funcionan a partir de los impuestos, los contribuyentes no quieren que su dinero sea para enriquecer más a Bill Gates. Este proceso puede ser costoso —señala pb—, pero menos que pagar una licencia todos los años.
No obstante, un “apagón” nacional de Windows resulta poco probable. “La gente no tiene una necesidad auténtica de usar software libre —opina el organizador de CubaConf—. A la vez que tú lo impongas, en ese momento deja de ser libre”.
Empezar por casa
Hasta ahora hemos convivido en un ambiente de derecho moral, donde el bloqueo obliga a acceder “por la izquierda” a la tecnología. Luego, el gran desafío está en transitar hacia formas de consumo acordes con reglas comerciales y de propiedad intelectual, valora Yarina Amoroso, presidenta de la Sociedad Cubana de Derecho Informático.
La legislación al respecto ya tiene unos cuantos años: la Ley de Derecho de Autor (1977), y la Resolución Conjunta No.1 del Ministerio de Cultura y el entonces Ministerio de la Industria Sideromecánica, que establece el Reglamento para la protección de los programas de computación y bases de datos (1999).
El Artículo 9 de la Resolución expresa que se reconocen por igual los derechos morales de los programadores que hayan creado su obra de forma independiente, por encargo, o en el marco de un empleo. Esta cláusula recuerda que existe un potencial “sumergido”, una cantidad indefinible de desarrolladores que trabajan informalmente para empresarios extranjeros.
“Hay quienes se aprovechan de los bajos salarios, y pagan lo mínimo, aplicando las mismas reglas de la manufactura —argumenta Jorge Luis Batista—. El que está encerrado en un cuarto programando para un norteamericano, es un maquilero, igual que si hiciera tenis Adidas; exactamente lo mismo. Y la idea es tener cosas propias, porque es lo que fomenta desarrollo”. Aquí la necesidad económica nos pasa factura, otra vez.
Parece un hecho consumado que esa fuerza profesional sería el principal aporte de Cuba en una relación con Estados Unidos. Amoroso destaca que podrían surgir vínculos de compensación y nuevos negocios donde ambas partes se beneficien; por ejemplo, las soluciones nacionales a los mismos softwares propietarios.
Además el país se ubica en el eje de diversas redes de circulación de información. “Cuba siempre ha tenido ese privilegio, esa atención social global. Entonces, cuando articulamos un grupo de escenarios/mercados en el mundo, somos importantes, como centro productor y gestor de datos”, agrega Fidel Alejandro Rodríguez, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana.
En mayo pasado funcionarios del Ministerio de Comunicaciones anunciaron que el marco regulatorio de la actividad “se encuentra en plena actualización, a tono con el contexto mundial”. Este proceso legislativo transcurre sin más información pública, pero se supone que el paquete de normas incluya lo concerniente al derecho de autor.
De cualquier modo, una posible apertura (de Internet, de relaciones con Estados Unidos y otros países) supone mayores oportunidades. “No se trata de compañías viniendo a ‘comernos’ —subraya pb—. Van a abrirse un montón de espacios donde insertarnos, y vamos a tener muchas más posibilidades de competir con lo que tenemos”.
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